La Legislatura bonaerense aprobó 131 pliegos judiciales propuestos por Axel Kicillof
La encrucijada judicial de la provincia: alianzas inesperadas y futuros inciertos
La reciente aprobación de 131 pliegos judiciales en la Legislatura bonaerense resuena con ecos de la compleja danza política que caracteriza a la provincia. Bajo la batuta del gobernador Axel Kicillof, esta decisión marca un hito en la reforma del sistema judicial, pero también abre la puerta a debates sobre la ampliación de la Corte Suprema provincial. En este contexto, la coalición entre un aliado del Gobierno y un referente del kirchnerismo plantea preguntas sobre la legitimidad y la dirección de la justicia en la provincia.
Un paso hacia la modernización judicial
La aprobación de los pliegos, que incluye a jueces y fiscales, señala un intento de Kicillof por modernizar un sistema que ha sido criticado por su lentitud y falta de transparencia. En un momento donde la eficiencia judicial es más relevante que nunca, este movimiento podría significar un avance en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Según datos del Centro de Estudios Judiciales, el 60% de los juicios en la provincia se encuentran estancados, reflejando la necesidad urgente de una reforma.
Sin embargo, la medida no está exenta de controversias. La oposición ha expresado su preocupación por una supuesta politización del sistema judicial. Como señala el diputado Javier Milei, “esto podría convertirse en un mecanismo de control sobre el poder judicial, debilitando su independencia”. Este tipo de afirmaciones suscitan un debate crítico: ¿se trata de una reforma necesaria o de un intento de cooptación del sistema judicial?
La ampliación de la Corte Suprema: ¿una solución o un riesgo?
La propuesta de ampliar la Corte Suprema ha generado un torrente de opiniones al respecto. Por un lado, algunos argumentan que más miembros en la corte pueden diversificar las perspectivas y mejorar la representatividad. El constitucionalista Daniel Sabsay ha afirmado que “una corte más amplia puede facilitar un abordaje más plural de los derechos y garantías”.
Por otro lado, existen temores fundamentados sobre cómo esta ampliación podría utilizarse para llenar la corte de jueces afines al régimen, debilitando así la balanza de poderes. La pregunta que queda en el aire es si esta medida contribuirá a un sistema más justo o si, por el contrario, se convertirá en un instrumento de dominación política. En tiempos donde la confianza en las instituciones está en declive, tales decisiones son más cruciales que nunca para construir un futuro donde la justicia prevalezca.
