Marisa Graham habló sobre su despido de la Defensoría de la Niñez: “No creo que sea algo contra mí”
Una salida en medio de la incertidumbre: el futuro de la Defensoría de la Niñez
La reciente destitución de Marisa Graham como defensora de los derechos de los niños y adolescentes ha generado un gran revuelo en el ámbito de la niñez en Argentina. En una conversación reveladora con Modo Fontevecchia, la exfuncionaria expuso su visión sobre la situación actual de la Defensoría, advirtiendo que la falta de liderazgo podría impactar negativamente en el avance de los casos relacionados con los derechos de los menores. Graham, que ocupó el cargo durante cinco años, se siente tranquila con su decisión de no continuar, pero no puede evitar señalar la fragilidad del organismo en este momento crítico.
Un cese que deja un vacío
La remoción de Marisa Graham se produjo en un contexto en el que la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes no logró constituirse a tiempo, lo que resultó en la caducidad de su mandato. Graham aclara que su decisión de no postularse nuevamente se debió a razones personales: “Solo me interesaban estos primeros cinco años”. Sin embargo, la falta de un nuevo nombramiento deja a la Defensoría acéfala, lo cual podría tener repercusiones significativas.
“El organismo quedará acéfalo hasta que se designe un nuevo titular”, enfatiza Graham, y añade que “el avance de las causas del organismo va a depender de cada juez”. Esto implica que, sin una dirección clara, el futuro de muchos casos que afectan a niños y adolescentes queda en una especie de limbo, dependiendo del criterio individual de distintos magistrados.
Una reflexión sobre la institucionalidad
La situación actual invita a una reflexión profunda sobre la institucionalidad en Argentina. Graham señala que, a pesar de que su mandato culminó, la ausencia de un nuevo liderazgo no es sólo un tema administrativo, sino que refleja una crisis más amplia en la forma en que se manejan los derechos de la niñez en el país. “No creo que sea algo contra mí”, dice, sugiriendo que su despido puede estar más relacionado con dinámicas políticas que con su desempeño personal.
Además, esta situación plantea interrogantes sobre la continuidad de políticas públicas que protegen los derechos de los menores. Sin una figura que lidere la Defensoría, es difícil asegurar que los intereses de los niños y adolescentes continúen recibiendo la atención necesaria. La falta de un marco normativo ágil y efectivo puede resultar en un retroceso preocupante en la atención de problemáticas sociales que requieren acción inmediata.
La voz de la experiencia y la crítica constructiva
En su entrevista, Graham no solo se autodenomina víctima de un proceso administrativo, sino que también ofrece una crítica constructiva sobre cómo se deberían manejar estos cambios. “Es esencial que el próximo defensor o defensora tenga la capacidad de trabajar en conjunto con otras instituciones y con la sociedad civil”, argumenta. Esta visión sugiere que el futuro líder debería ser alguien que no solo entienda las dinámicas políticas, sino que sea capaz de articular una respuesta efectiva a las necesidades de los niños y adolescentes.
Las palabras de Graham resuenan en un contexto donde la política y la defensa de derechos humanos a menudo se cruzan. Su experiencia sugiere que la defensa de los más vulnerables no debe ser un asunto de agendas políticas, sino una prioridad nacional. “La niñez debería estar por encima de todo”, sostiene, dejando claro que su compromiso con la causa no ha flaqueado a pesar de su salida del cargo.
Implicaciones para el futuro
La destitución de Marisa Graham no es solo un evento aislado en el calendario político, sino que es un reflejo de la lucha continua por garantizar los derechos de los menores en Argentina. La falta de liderazgo en la Defensoría plantea preguntas sobre el compromiso del Estado hacia sus responsabilidades en esta área crítica. Mientras el organismo espera ser restablecido, la sociedad civil y las instituciones deben permanecer atentas.
La necesidad de un nuevo defensor que comprenda la complejidad del contexto actual es más urgente que nunca. La fragilidad de las instituciones encargadas de proteger a los niños y adolescentes debe ser un llamado a la acción para todos los actores involucrados, desde los políticos hasta los ciudadanos, quienes deben exigir un compromiso real con los derechos humanos.
