Recuperar el control presupuestario para reconstruir la confianza

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Por Ana Martínez · 30 Jul 2025 – 07:14 PM -03 Ver perfil

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Imagen: Getty Images | Archivo | © 2025 InfoNow Noticias

La necesidad de una nueva gestión fiscal en Argentina

La actual crisis económica que atraviesa Argentina ha puesto en jaque la confianza del ciudadano en sus instituciones y en su gobierno. En este contexto, la administración del presupuesto nacional se convierte en un tema crucial, ya que afecta directamente la calidad de vida de la población y la estabilidad del sistema democrático. La falta de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos es un fenómeno que involucra a todos los sectores de la sociedad, desde los más vulnerables hasta las élites económicas.

Un marco legal desactualizado

La Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, promulgada en 1992, fue un intento de modernizar la gestión financiera del gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus limitaciones han quedado expuestas, permitiendo que prácticas perjudiciales se perpetúen. La falta de rigor en el registro de las deudas y los compromisos no exigibles, así como la ausencia de una visión a largo plazo, han contribuido a un sistema que se apoya en bases inestables.

Este marco legal, en lugar de fortalecer la confianza ciudadana, ha desdibujado el rol fiscal del Estado y la responsabilidad de sus representantes. La ciudadanía observa con preocupación cómo se reencauzan presupuestos sin un análisis profundo y cómo se acumulan deudas que, a menudo, son ignoradas o olvidadas por quienes nos gobiernan.

La opacidad de las deudas públicas

Una de las principales cuestiones que requiere atención inmediata es la opacidad en la gestión de las deudas. Actualmente, existen obligaciones que el Estado asume sin registrar en el balance oficial, lo que dificulta a los ciudadanos entender la verdadera magnitud del gasto público. Este fenómeno no solo distorsiona la realidad fiscal, sino que también genera desconfianza en la gestión pública.

Por ello, se vuelve indispensable implementar reformas que obliguen a que todas las deudas sean claramente registradas. Esto incluye no solo aquellas que son exigibles en el corto plazo, sino también las que, aunque no lo sean, impactan en la proyección de la sostenibilidad fiscal del país. Una acción en este sentido podría ser:

  • Establecer un sistema de registro transparente de deudas, accesible al público.
  • Incluir compromisos a largo plazo en los informes de gestión.

La responsabilidad del poder legislativo

El Congreso, como representante del pueblo, tiene la responsabilidad de ejercer un control efectivo sobre el presupuesto. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se convierte en un mero espectador. La falta de un debate profundo y la tendencia a aprobar presupuestos de manera expedita han llevado a que se pierda el sentido de la representación.

Es fundamental que se impulse una reforma que exija al Poder Legislativo un análisis exhaustivo y un debate sustantivo sobre las asignaciones presupuestarias. Para ello, se podrían considerar medidas como:

  • La creación de comisiones permanentes de seguimiento del presupuesto.
  • La obligación de realizar audiencias públicas para discutir el uso de los recursos.

Esta mayor responsabilidad no solo fortalecería la rendición de cuentas, sino que también restauraría la confianza en el sistema democrático.

La urgencia de un cambio cultural

Finalmente, no podemos olvidar que la gestión pública y el uso de los recursos fiscales son también un reflejo de la cultura social. Es necesario fomentar un cambio en la percepción que tiene la ciudadanía sobre el gasto público y la responsabilidad de su gobierno. La educación cívica y económica debe ser una prioridad, de manera que los ciudadanos puedan exigir un uso adecuado de los recursos que ellos mismos aportan.

Este cambio cultural no será rápido ni fácil, pero es imprescindible para reconstruir la confianza en las instituciones. La participación ciudadana activa y la exigencia de transparencia son herramientas clave para lograr una gestión fiscal que esté a la altura de las necesidades de la población.

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