Comentarios, breves y rápidos, al proyecto de “Inocencia Fiscal”. Un blanqueo encubierto
Un análisis crítico del reciente proyecto legislativo sobre fiscalidad
El pasado 5 de junio, el Diputado José Luis Espert y el titular del ARCA, Juan Pazo, presentaron un proyecto de ley que busca reformar diversos aspectos del Régimen Penal Tributario. Bajo el nombre de “Inocencia Fiscal”, este proyecto ha suscitado un amplio debate en el ámbito académico y político, ya que, aunque se presenta como una actualización necesaria, es difícil no ver en él elementos que recuerdan a un blanqueo encubierto. A continuación, expongo algunos puntos relevantes de esta propuesta.
Reformas necesarias en el marco tributario
Es indiscutible que la Ley Penal Tributaria (LPT) 27.430, vigente desde 2017, necesitaba una actualización en los umbrales de punibilidad. En este sentido, el aumento de la suma de $1.500.000 a $100 millones (aproximadamente U$S 130.000) parece una medida sensata. Este ajuste es vital para evitar que contribuyentes menores se vean enfrentados a procesos penales desproporcionados.
- Los umbrales actuales son insostenibles y dejan fuera de la protección a muchos ciudadanos que pueden no tener intenciones delictivas.
- Este aspecto de la reforma está alineado con varios proyectos que se han discutido en el Congreso Nacional, denotando una necesidad de consenso.
Sin embargo, es crucial que este aumento no se convierta en un salvavidas para quienes buscan evadir sus responsabilidades fiscales, lo que nos lleva a cuestionar la verdadera intención de la reforma.
El riesgo del blanqueo encubierto
El concepto de “Inocencia Fiscal” podría interpretarse como un intento de legalizar prácticas que, hasta ahora, eran consideradas fraudulentas. La línea entre la amnistía fiscal y el blanqueo encubierto es peligrosamente delgada, y la presentación de este proyecto podría dar rienda suelta a la informalidad en el sistema tributario. Al establecer un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, se corre el riesgo de que muchos opten por no declarar sus activos, amparándose en los nuevos umbrales y en la aparente protección que este proyecto ofrece.
- La creación de una declaración simplificada podría incentivar a los evasores a regularizar su situación sin asumir verdaderas sanciones.
- Es vital que el Estado establezca mecanismos que garanticen que este proceso no se convierta en un mero trámite para quienes han eludido sus obligaciones fiscales.
Aspectos jurídicos y morales cuestionables
La reforma también contempla cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en lo que respecta a la prescripción. Este aspecto puede ser interpretado como una invitación a la impunidad, ya que facilita que deudas fiscales antiguas queden fuera del alcance de la justicia. Es fundamental recordar que el principio de legalidad y la igualdad ante la ley deben prevalecer, y que el perdón a deudores no puede ser un derecho que se otorgue a discreción.
El riesgo es claro: se podría crear un entorno en el que el incumplimiento fiscal se normalice, enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía. Quienes cumplen con sus deberes fiscales verán el esfuerzo recompensado de manera desigual frente a quienes se beneficiarán de este sistema.
El vacío de la transparencia
Finalmente, la falta de transparencia en la formulación de este proyecto es alarmante. No se han realizado suficientes consultas con expertos en tributación y derecho penal, lo que pone en entredicho la legitimidad de las propuestas. Sin un debate amplio y fundamentado, la reforma corre el riesgo de ser vista como un intento de favorecer a un sector específico en detrimento de la justicia tributaria.
- Los mecanismos de control y auditoría deben ser reforzados para asegurar que no se produzcan abusos en la aplicación de esta ley.
- La participación ciudadana y académica es esencial para lograr un marco tributario justo y equitativo.
El camino hacia una reforma tributaria efectiva y justa no debe estar marcado por atajos o soluciones rápidas que, aunque puedan parecer atractivas en el corto plazo, amenazan con desvirtuar el principio de equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
