Disparar contra un policía es disparar contra el Estado
Por Ana Martínez · 01 Jul 2025 – 06:55 PM -03 Ver perfil
Imagen: Gamma-Rapho | Archivo | © 2025 InfoNow Noticias
La nueva estrategia del crimen organizado y su efecto en la seguridad pública
En el actual panorama de violencia desatada por el narcotráfico, las fuerzas de seguridad se han convertido en el blanco de un fenómeno alarmante. Las organizaciones criminales, en su intento por expandir su control sobre territorios, han optado por atacar a los policías como una forma de reafirmar su poder y deslegitimar al Estado. Esta situación no solo afecta a quienes visten el uniforme, sino que repercute en la sociedad en su conjunto, generando un clima de miedo e incertidumbre que socava la confianza en las instituciones.
Un contexto de violencia creciente
El aumento de la violencia en varias regiones del país ha llevado a las autoridades a replantear las estrategias de seguridad. En los últimos años, los enfrentamientos entre grupos narcotraficantes y fuerzas de seguridad se han intensificado, con un saldo preocupante de agresiones directas. En este contexto, disparar contra un agente del orden se ha transformado en un acto que trasciende lo meramente delictivo: es una afirmación del poder alternativo que buscan establecer las mafias.
Las estadísticas son elocuentes. Desde 2020, los ataques a policías han aumentado en un 30% en algunas provincias, lo que refleja el reto que enfrentan las autoridades. Este fenómeno no es exclusivo de un solo lugar; se ha extendido a diferentes localidades, convirtiéndose en un patrón que ilustra la descomposición del tejido social.
Un vacío legal que clama por respuesta
Ante esta creciente violencia, es fundamental que el marco legal se ajuste a la nueva realidad. El actual Código Penal no contempla sanciones suficientemente severas para quienes disparan contra las fuerzas de seguridad. Muchos de estos actos quedan encuadrados en delitos menores, como la resistencia a la autoridad, lo que no refleja la gravedad de la situación. La propuesta del nuevo proyecto de ley busca cerrar este vacío y establecer una respuesta contundente.
La norma estipula que, con la simple acción de disparar en dirección a un oficial en ejercicio de sus funciones, se aplicará una pena de prisión perpetua, independientemente de si el disparo causó lesiones o no. Este enfoque busca ser una herramienta disuasoria que proteja a quienes arriesgan su vida en el cumplimiento del deber. No se trata de una respuesta desmedida, sino de una medida necesaria para fortalecer la autoridad del Estado y garantizar la seguridad de la población.
El impacto en la moral y la confianza pública
La percepción de inseguridad no solo afecta a los policías, sino que tiene repercusiones profundas en la sociedad. Cada ataque a un agente del orden puede ser interpretado como un debilitamiento de la autoridad estatal, lo que contribuye a un ciclo de impunidad y desconfianza. Cuando los ciudadanos ven que sus protectores son atacados sin consecuencias severas, la moral se resiente y se siembra la incertidumbre.
Es esencial recordar que la lucha contra el crimen no solo recae en las fuerzas de seguridad; es una tarea que involucra a toda la sociedad. La comunidad debe estar dispuesta a colaborar y a confiar en su policía, y esto se logra cuando las instituciones se muestran firmes y decididas en su accionar. La protección de los agentes es, en última instancia, la protección de todos.
La necesidad de un debate amplio y constructivo
La introducción de esta legislación invita a un diálogo necesario entre diversos sectores de la sociedad. Es fundamental escuchar las voces de los expertos en seguridad, así como las opiniones de los ciudadanos que son testigos del clima de violencia. La legislación debe ser el resultado de un proceso participativo que contemple las diversas aristas de un fenómeno complejo.
El compromiso del Estado debe ser claro y contundente. Proteger a quienes nos protegen es una obligación moral y un acto de justicia. La sociedad tiene derecho a vivir en paz, y es un deber de las autoridades establecer las herramientas necesarias para garantizar esa paz. No se puede permitir que el miedo gane la partida; es hora de que el Estado recupere su autoridad y muestre que disparar contra un policía, en cualquier circunstancia, tiene consecuencias severas.
