Donde la culpa no es de la ley sino de quienes la reglamentan y ejecutan
Por Carlos López · 25 Jul 2025 – 07:21 PM -03 Ver perfil
Imagen: AP | Archivo | © 2025 InfoNow Noticias
La responsabilidad de la administración en la cartelización de las obras públicas
En el complejo entramado de la contratación de obras públicas en Argentina, surge una figura que ha acaparado la atención mediática: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Este funcionario ha hecho eco de una crítica que se siente en cada rincón de nuestra gestión pública, donde la ley 13.06 (1947) ha sido señalada como chivo expiatorio. El trasfondo de esta discusión no solo involucra la normativa, sino que afecta directamente a la ciudadanía, quien es testigo de la falta de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La ley y su interpretación: un análisis necesario
La Ley Nacional de Obras Públicas (LNOP) se encuentra en el centro del debate, señalada por algunos como un obstáculo para la libre competencia en la adjudicación de contratos. El ministro sostiene que la exigencia de demostrar capacidad económica y técnica para acceder a los contratos limita la posibilidad de que múltiples adjudicaciones recaigan sobre un mismo actor, lo que, según su interpretación, no sólo es un inconveniente, sino también una puerta abierta a la corrupción.
Sin embargo, este planteo simplifica la complejidad de la realidad. La necesidad del Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas no es meramente un capricho burocrático. En un contexto donde la corrupción ha permeado gran parte de nuestras instituciones, las garantías que otorgan estas exigencias son fundamentales. La capacidad de una empresa para gestionar múltiples contratos debe ser evaluada con rigor, pues el mal manejo de un solo proyecto puede derivar en un daño irreparable para la infraestructura y el gasto público.
El papel del ministro y su crítica a la burocracia
El ministro de Desregulación ha encarnado una postura que busca desmantelar lo que él considera una burocracia asfixiante. Sin embargo, es crucial distinguir entre una administración ineficaz y la necesaria regulación para evitar el abuso. En su discurso, se asoma una crítica más profunda al sistema, donde se insinúa que la ley es un mero pretexto para favorecer a un grupo reducido de contratistas.
Este enfoque plantea una serie de preguntas: ¿realmente existe una conspiración para controlar la adjudicación de contratos? ¿O es la falta de voluntad política y la impericia de ciertos funcionarios lo que ha permitido que la corrupción florezca en lugar de ser erradicada? En última instancia, la responsabilidad recae en aquellos que tienen la potestad de ejecutar y reglamentar la ley, no en la ley misma.
Impacto en la sociedad: el costo de la ineficiencia
La falta de transparencia y la corrupción en la contratación de obras públicas no solo afectan a los involucrados en la licitación, sino que repercuten en toda la sociedad. Los recursos que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura se diluyen en contratos inflados y en la entrega de obras que no cumplen con los estándares necesarios. Este fenómeno se traduce en una pérdida de confianza en el Estado y en sus instituciones.
- 70% de los ciudadanos desconfían de la gestión pública respecto a la transparencia en las obras.
- 60% sienten que la corrupción afecta directamente la calidad de vida en sus comunidades.
- El costo de la corrupción en obras públicas se estima en $1.5 mil millones anuales.
Ante esta realidad, es imperativo que el Gobierno asuma una postura activa en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia. La reforma en la administración pública debe ser integral y no dejar de lado la regulación que, aunque pueda parecer una traba, es en realidad una salvaguarda para el correcto uso de los recursos y la defensa del interés público.
Redefiniendo el futuro de la gestión pública
El desafío que enfrenta el ministro y su equipo es monumental. No es suficiente con apuntar a la ley como culpable de los males del sistema; es necesario realizar un examen profundo de las estructuras administrativas y de los individuos que las operan. La transformación del Estado debe pasar por una revisión crítica de los procedimientos y la implementación de protocolos que aseguren la transparencia y eliminen las posibilidades de corrupción.
En esta línea, es vital recordar que las leyes están diseñadas para ser el marco dentro del cual se debe operar; son los funcionarios los que deben demostrar su compromiso con la ética y la eficacia. La responsabilidad recae en quienes ejecutan las normas y en quienes supervisan su aplicación. Si bien la ley puede ser revisada y modificada, la integridad de los actores involucrados es lo que realmente determinará el éxito del sistema de obras públicas en nuestro país.