El kirchnerismo en el Senado también busca blindar la privatización de Aysa
Por Juan Pérez · 26 Jul 2025 – 11:20 PM -03 Ver perfil
Foto: Zuma Press | © 2025 InfoNow Noticias
La resistencia del peronismo ante la privatización de un bien esencial
La reciente presentación de iniciativas en el Senado por parte del senador nacional Wado de Pedro ha puesto de manifiesto la preocupación del oficialismo por la posible privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). Este movimiento, respaldado por once senadores del bloque Unión por la Patria, busca de frenar la venta de una empresa fundamental para el acceso al agua potable en el país, un recurso que, en tiempos de crisis, se vuelve aún más vital.
Un contexto de incertidumbre política
La tensión en el ámbito político argentino ha recrudecido tras el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. En este escenario, el peronismo parece unirse en torno a una causa: la defensa del control estatal de AySA. Ante el trasfondo de un gobierno que ha mostrado su intención de privatizar servicios esenciales, la estrategia del kirchnerismo busca consolidar la idea de que el acceso al agua es un derecho humano innegociable.
El objetivo es claro: generar consensos dentro de la oposición para oponerse a los decretos del presidente Javier Milei, que han iniciado el proceso de venta de AySA. Sin embargo, este camino no es sencillo en un contexto donde las tensiones internas y la fragmentación política son palpables.
© Efe – 2025 | © 2025 InfoNow Noticias
Las iniciativas en el Senado y su respaldo
Los proyectos presentados por Wado de Pedro incluyen una declaración (S‑1288/25) y una ley (S‑1287/25) que buscan reforzar el control estatal sobre AySA. Ambas propuestas han sido respaldadas por un elenco notable de senadores, incluyendo a María Eugenia Duré, Mariano Recalde y Alicia Kirchner, entre otros. Este apoyo no solo representa un esfuerzo legislativo, sino también una muestra de unidad en un momento crítico.
En la Cámara de Diputados, el frente también se ha movilizado con un proyecto impulsado por las diputadas Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes han expresado su “rechazo y preocupación” por los decretos que facilitan la privatización. Este panorama sugiere que, aunque el oficialismo se enfrenta a un reto formidable, está decidido a defender lo que consideran un bien público esencial.
Impacto social y económico de la privatización
La privatización de una empresa como AySA tendría repercusiones significativas tanto a nivel social como económico. A continuación, algunas reflexiones sobre este impacto:
- Acceso al agua: La privatización suele llevar a un incremento en las tarifas, lo que afectaría desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población.
- Inversión en infraestructura: Un cambio de propiedad podría desviar inversiones necesarias para mejorar el servicio de agua y saneamiento, crucial en un país con problemas históricos en esta área.
- Desigualdad: La privatización podría profundizar las brechas sociales, dejando a gran parte de la población sin acceso a este recurso básico.
En un país donde el acceso al agua es un tema de salud pública y dignidad, cada decisión política en este sentido puede tener efectos de largo alcance. La historia nos muestra que privatizar servicios esenciales no siempre resulta en mejoras, sino que, en muchos casos, lleva a la mercantilización de un derecho humano.
La lucha política en tiempos de crisis
La oposición al proceso de privatización de AySA no solo es un tema legislativo, sino que refleja una batalla más amplia en el campo político argentino. En tiempos de crisis económica y social, el control de los recursos esenciales se convierte en un tema de primer orden. La capacidad del gobierno de Javier Milei para avanzar en sus políticas dependerá en gran medida de su habilidad para navegar las aguas turbulentas de la política nacional.
El kirchnerismo, en este sentido, no solo defiende una empresa; defiende un modelo de acceso a los recursos que podría determinar el futuro de muchas familias argentinas. La lucha por el agua es, en última instancia, una lucha por la equidad y la justicia social, un desafío que se agudiza en un panorama político cada vez más polarizado.
