Jorge Macri anunció que dejará de financiar el traslado de cartoneros vinculados a Juan Grabois para trabajar en la Ciudad
Por María Gómez · 23 Jul 2025 – 06:33 PM -03 Ver perfil
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Un cambio en la política social porteña: el fin de un subsidio controvertido
Este miércoles, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, tomó una decisión que reverberará en el ecosistema social y económico porteño: dejará de financiar el traslado de cartoneros provenientes de la provincia de Buenos Aires. Este anuncio no solo afecta a quienes dependían de estos subsidios, sino que también reconfigura el panorama del reciclaje urbano en la metrópoli y pone bajo la lupa las conexiones entre política y economía social.
Impacto financiero y social del subsidio
La medida se traduce en un ahorro de aproximadamente 6.000 millones de pesos anuales, una cifra considerable en el contexto de la economía argentina, que atraviesa un periodo de alta inflación y reajustes fiscales. La eliminación de este subsidio no es un acto aislado; responde a un intento del Gobierno porteño de establecer una política más equitativa y transparente en el sistema de reciclaje de la ciudad.
- 6.000 recuperadores urbanos en la Ciudad.
- 3.100 de ellos alineados con cooperativas vinculadas a Juan Grabois.
- 12 cooperativas en total que operan en el ámbito del reciclaje.
Sin embargo, la decisión de eliminar el subsidio también plantea interrogantes sobre el futuro de estas cooperativas y la sostenibilidad de sus operaciones sin ese apoyo. La dependencia de subsidios puede ser un reflejo de la fragilidad económica que enfrentan estos grupos, y su eliminación podría llevar a un aumento en la precariedad laboral.
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La realidad de los recuperadores urbanos
El Gobierno afirma que el sistema de reciclado en la ciudad está compuesto por más de 6.000 recuperadores. Sin embargo, la mayor parte de los beneficios del programa de traslados gratuitos se concentraba en un grupo reducido de cooperativas vinculadas a Grabois, dejando a muchos otros recuperadores fuera del sistema. Esta situación ha suscitado un debate sobre la equidad en el acceso a los recursos públicos.
Las cooperativas que hasta ahora han disfrutado de este subsidio son, entre otras, Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur. Mientras tanto, otros recuperadores, que realizan tareas similares, nunca accedieron a este tipo de beneficios. Este fenómeno sugiere una gran disparidad en el tratamiento de los recuperadores, y plantea la pregunta: ¿cómo se decide quién recibe apoyo y quién queda excluido?
Visión del Gobierno porteño
En un intento por justificar esta medida, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, declaró que el propósito es construir un sistema que sea “transparente, justo y eficiente”. La postura del gobierno resuena con un enfoque que busca garantizar mejoras reales en el sistema de reciclado, en lugar de beneficios discrecionales que favorezcan a un grupo específico.
Este enfoque puede ser visto como un intento de consolidar una política de reciclaje más inclusiva. Sin embargo, también es fundamental considerar el impacto que esta decisión tendrá en los trabajadores que dependen de estos subsidios para su sustento diario. La pregunta que se cierne es si esta reestructuración realmente beneficiará a todos los actores involucrados o si, por el contrario, generará un mayor sufrimiento en los sectores más vulnerables.
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Reacciones y perspectivas futuras
La reacción a este anuncio ha sido variada. Algunos sectores aplauden la decisión del gobierno como un paso hacia la racionalización del gasto público, mientras que otros la critican por su posible efecto negativo en los que ya se encuentran en una situación precaria. La percepción de esta medida dependerá en gran medida de cómo el gobierno maneje la transición hacia un sistema de reciclaje más equitativo y eficaz.
A medida que se avanza hacia nuevos paradigmas de sustentabilidad y economía circular, resulta esencial que el Gobierno porteño desarrolle alternativas viables para los recuperadores afectados por esta decisión. Sin un plan de acción claro, el riesgo es que muchos queden en un limbo laboral, sin los recursos necesarios para subsistir.
En el fondo, esta decisión no es solo una cuestión administrativa, sino un reflejo de cómo las políticas públicas pueden afectar la vida diaria de miles de personas en Buenos Aires. La forma en que se gestiona este cambio determinará, en última instancia, si es un paso hacia adelante o simplemente un nuevo reto en el camino de la justicia social.
