Juristas de Argentina, Italia y España alzaron la voz contra al neofascismo penal
El resurgir de las sombras: una respuesta desde la jurisprudencia europea y latinoamericana
El auge de movimientos neofascistas en diversas partes del mundo ha generado una ola de preocupación entre juristas y académicos. Desde Argentina hasta Italia y España, la comunidad legal se une para cuestionar las prácticas penales que tienden a criminalizar la disidencia y los derechos fundamentales. Este fenómeno no solo es un eco del pasado, sino un grave ataque a la democracia y la justicia social, que merece un análisis profundo y un debate informado.
El contexto actual: una respuesta alarmante a la disidencia
Las voces provenientes de distintas latitudes han resaltado la creciente tendencia a utilizar el sistema penal como herramienta de represión. En Argentina, el jurista Jorge Fernández ha señalado que “la penalización de la protesta social es un signo de autoritarismo que debe ser denunciado”. La criminalización de quienes se manifiestan en defensa de sus derechos fundamentales es un paso atrás en la lucha por la justicia.
En España, la activista y abogada Ruth Sánchez ha advertido sobre la aplicación de leyes que restringen la libertad de expresión, indicando que “las medidas represivas son cada vez más comunes y se enmarcan en una narrativa de seguridad que justifica violaciones de derechos humanos.” Estos debates se intensifican en un contexto donde los discursos de odio parecen legitimarse, abriendo la puerta a nuevas formas de control social.
La respuesta jurídica: un frente unido contra el retroceso
El conjunto de juristas de Italia, representado por figuras como Francesco Carbone, ha hecho un llamado a la creación de marcos legales que protejan a los ciudadanos. “La defensa de los derechos humanos no tiene fronteras. La solidaridad entre países es crucial para combatir el neofascismo penal”, afirmó Carbone durante un reciente seminario.
- La implementación de un código penal que priorice la rehabilitación antes que la retribución.
- El establecimiento de plataformas de monitoreo que vigilen el uso indebido de los poderes del Estado.
- La creación de campañas de concienciación sobre los riesgos del autoritarismo en la justicia penal.
La colaboración internacional entre juristas es un paso fundamental para fortalecer la resistencia contra el neofascismo penal. Como bien dijo Joaquín López, “la lucha por la justicia es una responsabilidad compartida que se nutre de la diversidad y la unión.”
