La mitad de las rutas nacionales tienen problemas y empeora su estado por la falta de obra pública
Por Juan Pérez · 02 Aug 2025 – 05:25 PM -03 Ver perfil
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La Red Vial Nacional en Crisis: Un Llamado Urgente a la Acción
El devastador estado de la infraestructura vial en Argentina ha sido confirmado por un reciente informe de la Dirección Nacional de Vialidad. En 2024, se reveló que un alarmante porcentaje de nuestras rutas nacionales se encuentra en condiciones críticas, lo que no solo representa un desafío para los ciudadanos, sino que también pone en jaque la economía del país. Esta situación afecta a millones de argentinos que dependen a diario de estas vías para su movilidad y la circulación de mercancías.
La Realidad de las Rutas Nacionales
El informe señala que, de los casi 40.000 kilómetros que componen la red de corredores viales, un preocupante 48,1% se encuentra en estado regular o malo. Este diagnóstico es el resultado de un minucioso relevamiento realizado por Vialidad Nacional, que está en proceso de culminar en este mes. Es importante destacar que la red incluye tanto las autopistas en manos privadas como las que son gestionadas por el Estado, lo que refleja una problemática común que trasciende la administración pública.
Los datos son reveladores:
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- 9.100 kilómetros están en buen estado (47,5%)
- 4.500 kilómetros en estado regular (23,5%)
- 5.500 kilómetros en mal estado (29%)
Esta situación no solo es un problema logístico, sino que también representa un riesgo para la seguridad vial. Las familias que recorren estas rutas, ya sea por motivos laborales o recreativos, enfrentan un riesgo innecesario debido a la falta de mantenimiento y renovación de la infraestructura.
El Impacto de la Falta de Inversión
La ausencia de una inversión contundente en obra pública ha empeorado el estado de nuestras rutas. La política de austeridad que persigue el Gobierno, orientada a lograr un superávit fiscal y controlar la inflación, ha dejado a la infraestructura en un segundo plano. La situación se agrava en el contexto de una lenta concesión de las rutas a empresas privadas y la falta de transferencia de competencias a las provincias, lo que complica aún más la solución a este grave problema.
Como resultado, el Gobierno se enfrenta a un dilema: priorizar los números fiscales o garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Esta es una disyuntiva que no se puede ignorar, ya que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar la calidad de las rutas que utilizan.
Las Consecuencias para la Sociedad y la Economía
La crisis de infraestructura no solo afecta a los usuarios de las rutas, sino que también tiene implicaciones profundas en la economía. La logística de transporte se ve comprometida, lo que puede generar retrasos en la entrega de productos y aumentar los costos de las mercancías. Esto puede repercutir en el precio final que paga el consumidor, aumentando así la inflación.
A medida que se acelera la modernización de la economía, la necesidad de contar con una red vial eficiente se convierte en un imperativo. Desde el transporte de alimentos hasta el movimiento de bienes y servicios, la infraestructura es el corazón de la actividad económica. Si no se toman medidas inmediatas, el riesgo de un colapso en este sector se vuelve cada vez más real.
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La Lenta Pero Necesaria Respuesta del Gobierno
El Gobierno ha anunciado planes para abordar esta crisis, aunque la implementación ha sido lenta y está plagada de obstáculos. La postura de la justicia sobre el cierre del relevamiento de Vialidad Nacional ha generado incertidumbre, y muchos ciudadanos se preguntan cuál será el futuro de nuestras rutas. La planificación y ejecución de proyectos deben ser una prioridad ineludible para cualquier administración que busque el bienestar de su población.
El desafío es monumental y requiere no solo de una voluntad política firme, sino también de un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La ciudadanía merece conocer el estado de sus caminos y cómo se utilizarán los recursos públicos destinados a su mejora.
En un país donde los feriados y la movilidad son cruciales, la infraestructura vial no puede seguir siendo una promesa incumplida. La seguridad, la economía y el progreso dependen de la acción decidida ante esta crisis.
