Nueva condena contra Cositorto: esta vez le dieron 11 años de prisión por la estafa de Generación Zoe en Salta
Por Juan Pérez · 04 Jul 2025 – 01:43 PM -03 Ver perfil
Crédito: AP – Imagen exclusiva | © 2025 InfoNow Noticias
La justicia salteña se pronuncia: 11 años de prisión para un líder de estafa financiera
El sistema judicial de la provincia de Salta ha tomado una decisión contundente al condenar al empresario y coach Leonardo Cositorto a 11 años de prisión por su involucramiento en un esquema de estafa conocido como Generación Zoe. Esta condena, que se suma a otras que ya pesan sobre su figura, subraya la vulnerabilidad de muchas personas frente a promesas de enriquecimiento rápido, afectando a cientos de familias en la región y más allá.
Un entramado de engaños y pérdidas económicas
La condena de Cositorto no es un hecho aislado, sino el resultado de una investigación exhaustiva liderada por la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. Su labor ha revelado un complejo entramado de asociación ilícita que operaba bajo un falso manto de oportunidades de inversión.
- 118 casos de estafas documentadas
- Perjuicio económico que supera los 776 millones de pesos
Durante el juicio, que se extendió por más de un mes, la fiscal presentó pruebas contundentes a través de testimonios de casi un centenar de testigos, quienes describieron cómo Cositorto y su organización manipulaban a las víctimas, prometiendo rendimientos irrealizables. Esta situación pone de relieve la necesidad urgente de una educación financiera adecuada para proteger a la ciudadanía de tales prácticas. La burbuja estafadora estalló en enero de 2022 en Córdoba, dejando un rastro de desilusión y ruina financiera.
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El rol de los colaboradores y la estructura jerárquica
La estructura de Generación Zoe era sorprendentemente organizada, con roles específicos delegados a familiares y colaboradores cercanos de Cositorto. Entre ellos, se destacan los hermanos Vilardel, quienes jugaron un papel crucial como líderes locales en la difusión del esquema de engaño. La jerarquización en la estafa permitió que se propagara entre las comunidades, creando una red de complicidad y confianza que resultó devastadora para muchas familias.
Las sentencias también alcanzaron a otros involucrados, como Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, quien fue sentenciado a siete años de prisión, y Jorge Federico Vilardel, a cinco años. En tanto, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Albornóz recibirán tres años de prisión en suspenso, lo que indica una problemática más amplia que abarca a varias personas y que se refleja en la comunidad.
La respuesta de la justicia y el llamado a la reflexión social
El tribunal, presidido por los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans, no solo se limitó a condenar a los responsables del esquema, sino que también ha ordenado investigar a Daniel Flores Jiménez por posible falso testimonio, lo que indica que la búsqueda de la verdad y la justicia se mantiene firme. Este enfoque multidimensional de la justicia salteña refuerza la importancia de erradicar la corrupción y las estafas en todas sus formas.
La condena de Cositorto y sus cómplices es un recordatorio para la sociedad argentina sobre la fragilidad de los sueños de enriquecimiento fácil. Cada caso como este deja huellas, y es un llamado a la acción para que ciudadanos, educadores y autoridades trabajen juntos hacia una sociedad más informada y protegida contra los peligros de las promesas vacías.
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El futuro del proceso judicial y el impacto en la comunidad
La condena no solo afecta a los condenados, sino que también tiene repercusiones significativas en la percepción pública de la justicia y la confianza en los sistemas económicos. La espera de la apelación y de posibles nuevos juicios refleja la dinámica de un proceso judicial que aún tiene mucho camino por recorrer. Mientras tanto, las víctimas de Generación Zoe continúan lidiando con las secuelas de haber sido engañadas.
Es fundamental que el sistema educativo y los organismos de control implementen medidas que no solo busquen castigar a los culpables, sino que también prevengan futuros fraudes financieros. La experiencia de Salta debe ser un ejemplo paradigmático de cómo una comunidad puede unirse ante la adversidad, pero también un llamado a la responsabilidad colectiva para asegurar que tales situaciones no se repitan.