Pese a la presión del campo, el Gobierno oficializó la suba de las retenciones a la soja y al maíz
Por María Gómez · 27 Jun 2025 – 07:28 AM -03 Ver perfil
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Las decisiones económicas del Gobierno frente a la presión del sector agrario
En un contexto de intensa presión por parte del sector agrario, el Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha oficializado la suba de las retenciones a productos clave como la soja y el maíz. Esta medida, que marca un regreso a las alícuotas previas, tiene un impacto significativo en los productores y en la economía nacional, generando un nuevo capítulo en las relaciones entre el campo y el Gobierno.
Retenciones: un regreso a las alícuotas previas
El reciente decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que las retenciones para algunos cultivos, como la cebada y el trigo, se mantendrán en niveles reducidos. Sin embargo, las alícuotas para la soja y el maíz volverán a incrementarse, lo que ha despertado un torrente de críticas y protestas desde el campo. Estas decisiones son vistas como un intento del Gobierno por reajustar las cuentas fiscales en un momento de elevada inflación y déficit.
Desde el anuncio, se ha dejado claro que:
- Las alícuotas para soja pasarán del 26% al 33%.
- Para maíz, la retención se ajustará en un porcentaje similar.
- El trigo y la cebada mantendrán una retención del 9,5% hasta marzo de 2026.
Este panorama se complica aún más si consideramos que el resto de los cultivos podría no tener claridad sobre sus nuevas alícuotas. El riesgo de un aumento significativo en los costos de producción para los agricultores es inminente.
Impacto en la economía rural y en las relaciones intersectoriales
La decisión de aumentar las retenciones ha generado un dilema para muchos productores. Por un lado, la necesidad de generar divisas para el país y, por otro, la presión de mantener la rentabilidad en sus cultivos. Esta dualidad trae consigo un clima de tensión que podría afectar la producción agrícola a largo plazo.
Los agricultores se ven atrapados entre la exigencia de liquidar el 90% de las divisas en un plazo de treinta días y la incertidumbre sobre los precios internacionales de los productos agrícolas. Esta presión podría traducirse en:
- Disminución de la inversión en nuevas tecnologías.
- Posible reducción en las superficies sembradas.
- Aumento en los precios de los alimentos a nivel nacional.
Es importante resaltar que estas decisiones también podrían repercutir en la estabilidad social de las regiones rurales, donde muchas familias dependen directamente de la agricultura para su sustento.
El contexto político y su influencia en las decisiones económicas
La administración de Javier Milei enfrenta un escenario complejo: por un lado, la necesidad de cumplir con las metas fiscales y, por otro, las promesas de campaña que lo llevaron al poder. En este sentido, el Ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido una figura clave en la comunicación de estas decisiones, buscando explicar la necesidad de ajustes en tiempos de crisis económica. Sin embargo, muchos cuestionan si estas medidas son la solución adecuada o si, por el contrario, podrían profundizar la crisis del sector.
La polarización política en el país también juega un papel fundamental. La oposición ha criticado abiertamente estas medidas, argumentando que se trata de un ataque directo a la producción agrícola. Esto podría llevar a una escalada de conflictos entre el Gobierno y el sector agropecuario, que tradicionalmente ha sido un pilar de la economía argentina.
El futuro incierto de la agricultura en Argentina
Las recientes medidas del Gobierno generan interrogantes sobre el futuro de la agricultura en Argentina. Si bien las alícuotas para la cebada y el trigo han sido reducidas, el incremento para la soja y el maíz podría tener efectos adversos en la producción y en la provisión de alimentos. La ausencia de claridad sobre otras posibles subas añade un nivel extra de incertidumbre que inquieta a los productores y a analistas del sector.
La necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre el Gobierno y el sector agrario es más urgente que nunca. La sostenibilidad de la producción agrícola y la estabilidad económica del país dependen de la capacidad de ambos actores para encontrar un terreno común que permita un desarrollo equilibrado y responsable. La situación actual requiere no solo decisiones firmes, sino también un enfoque que contemple las necesidades y realidades de los productores, los consumidores y la economía nacional en su conjunto.
