Pettovello tiene ñoquis con sueldos millonarios
Una trama de despilfarro y oscuridad en el gabinete
La reciente acción de la ministra Sandra Pettovello ha desatado un torbellino de críticas y cuestionamientos en la opinión pública. En un escenario donde la austeridad y la eficiencia deberían ser la norma, la decisión de nombrar retroactivamente a una funcionaria en un cargo que, irónicamente, había sido eliminado, ha dejado a muchos perplejos. Con un costo de doce millones de pesos que el Estado se dispone a pagar por sueldos supuestamente adeudados, surgen interrogantes sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
Un nombramiento cuestionable
La figura de la funcionaria fantasma se torna más inquietante al examinar los detalles de su designación. A pesar de que se le asignaría un pago cercano a los 12 millones de pesos por un período de cinco meses, su ausencia en el ámbito laboral es evidente. No solo no ha sido vista en su lugar de trabajo, sino que además carece de un usuario en la red de Gestión interna del Estado (GDE), un requisito esencial para cualquier funcionario en funciones. En un contexto donde la administración pública se enfrenta a desafíos de eficiencia, este tipo de nombramientos plantea serias dudas sobre su legitimidad.
Un panorama de despidos y precariedad
El área de Desarrollo Social bajo la gestión de Pettovello es un microcosmos de la crisis laboral en la administración pública. Con 2,000 despidos en lo que va de su gestión, y otras 800 personas en una situación de incertidumbre, el clima de temor y precariedad se ha apoderado de los trabajadores. ¿Cómo se justifica el despilfarro en sueldos millonarios para fantasmas laborales, cuando miles de trabajadores luchan por conservar sus empleos? Esta situación ha suscitado la indignación de referentes en el campo laboral, quienes sostienen que el ministerio está creando un ambiente de desconfianza y descontento.
La voz de los trabajadores
Las preocupaciones de los trabajadores no se limitan a la figura de la funcionaria nombrada. “Todo el tiempo el ministerio designa a gente que no aparece en su lugar de trabajo. ¿Qué hacen? ¿Qué están cobrando?”, cuestionó una representante de la Asociación de Trabajadores del Estado en el área de Desarrollo Social en diálogo con Página/12. Esta declaración pone de relieve la necesidad de un escrutinio más riguroso sobre las designaciones dentro del gabinete, en un momento en que la administración pública debería priorizar la responsabilidad y la ética.
Desigualdades y paradojas en un contexto crítico
El perfil de la funcionaria en cuestión añade una capa adicional de complejidad a esta situación. En el año 2023, se le otorgó un subsidio por parte de la municipalidad de Trenque Lauquen debido a su situación de extrema necesidad. Es un reflejo sombrío de las paradojas que surgen en un sistema donde una funcionaria designada cobra millones, mientras que su situación personal refleja una lucha por la supervivencia. Este tipo de contradicciones no solo impacta la imagen del gobierno, sino que también plantea una serie de preguntas sobre la justicia social y la equidad en el acceso a recursos públicos.
La situación actual exige una revisión crítica de los mecanismos de contratación y la gestión pública. La falta de responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos estatales no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también agrava la crisis laboral que afecta a miles de trabajadores. En un tiempo donde la sociedad demanda acciones concretas y responsables, es imperativo que se tomen medidas para garantizar una administración pública que esté a la altura de las expectativas y necesidades de la ciudadanía.
