Suba de haberes, bono y moratoria para jubilados, más emergencia para discapacitados: qué mejoras prevén las leyes que vetó Milei
Por Ana Martínez · 02 Aug 2025 – 04:33 PM -03 Ver perfil
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El impacto de las decisiones presidenciales en la vida de los jubilados y discapacitados
En un giro inesperado y controvertido, el presidente Javier Milei decidió vetar tres leyes aprobadas por amplias mayorías en el Congreso que prometían mejoras significativas para los jubilados y personas con discapacidad. Estas iniciativas, impulsadas por la oposición, buscaban abordar la creciente preocupación sobre la calidad de vida de miles de argentinos en un contexto económico desafiante. La decisión de Milei, más allá de lo político, tiene un impacto directo y profundo en la vida cotidiana de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Mejoras para jubilados: un aumento que se hace urgente
Una de las leyes vetadas establecía un incremento excepcional del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, excluyendo a los regímenes especiales. Este aumento estaba diseñado para recomponer la pérdida que sufrieron los jubilados en enero de 2022, cuando la inflación alcanzó un alarmante 20,6%, mientras que el ajuste gubernamental fue apenas del 12,5%.
Además, el bono que acompaña a las jubilaciones también iba a ser elevado de $70 mil a $110 mil, y se contemplaba su actualización conforme a la inflación. Este ajuste resulta crucial para un sector que ha visto deteriorarse su poder adquisitivo en los últimos años. Si se hubiera implementado esta ley, la jubilación mínima habría llegado a $441.600, marcando una diferencia de $62.273 respecto a los montos fijados por el gobierno actual.
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El costo fiscal de las mejoras propuestas
El impacto fiscal de estas medidas ha sido objeto de intenso debate dentro de las esferas políticas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de aplicar el aumento del 7,2% se estima en $1,6 billón (equivalente al 0,20% del PBI) para el resto del año, ascendiendo a $3,4 billones (cerca del 0,41% del PBI) de manera anualizada. Por otro lado, el incremento del bono a $110 mil tendría un impacto fiscal adicional de $1,01 billón (aproximadamente 0,12% del PBI), con un costo anualmente proyectado de $3,1 billones (cerca del 0,38% del PBI).
Desde el gobierno, se argumenta que la carga fiscal podría ser aún mayor y que ello pondría en riesgo la estabilidad económica del país. Sin embargo, muchos especialistas advierten que no atender las necesidades básicas de los jubilados podría resultar en un costo social mucho más alto a largo plazo.
El futuro de la moratoria para jubilados
La moratoria que se preveía en la legislación vetada era un mecanismo para permitir que aquellos que no pudieron acceder a la jubilación formal por distintas razones pudieran hacerlo, asegurando así un ingreso mínimo vital. Este aspecto es fundamental en un país donde muchos trabajadores informales quedan fuera del sistema previsional. La falta de acceso a la jubilación digna no solo afecta a los individuos, sino que también impacta en las familias y comunidades que dependen de su sustento.
Las organizaciones de jubilados y personas con discapacidad han expresado su profunda preocupación ante esta situación. Consideran que la decisión del presidente no solo ignora las necesidades inmediatas de estos grupos, sino que también refleja una falta de empatía hacia quienes han contribuido al país durante sus años de trabajo.
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Emergencia para discapacitados: una lucha postergada
La ley que buscaba declarar la emergencia para personas con discapacidad también fue parte de este paquete de veto. Esta declaración no solo implicaba un reconocimiento de las dificultades que enfrentan, sino que también establecía marcos para mejorar su acceso a servicios, empleo y educación. En un contexto donde las personas con discapacidad continúan enfrentando múltiples barreras, la implementación de estas políticas es más que un acto de justicia social; es una necesidad imperiosa.
La interacción entre la política y la vida cotidiana de los ciudadanos es un tema que debe ser atendido con seriedad y respeto. Las decisiones tomadas en el ámbito legislativo pueden marcar la diferencia entre la dignidad y la precariedad para millones de argentinos. La expectativa ahora recae sobre la respuesta de la oposición y de la sociedad civil para seguir luchando por los derechos de quienes más lo necesitan, a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino.
